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A pesar del Estado y el Mercado. Informalidad habitacional y convivencia como estrategia de resistencia

Isabel Alt

Magíster en Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago, Chile

Juan Correa

Investigador, Centro de Producción del Espacio, Universidad de las Américas, Santiago, Chile

Juan Pablo Urrutia

Profesor Asistente, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Compartir un espacio es, quizás, la forma más básica de coexistencia. Mientras más estrecho sea, más conflictos potenciales puede haber. De ahí que esta forma de vivir juntos ha sido escasamente promovida por las políticas públicas. Sin embargo, este artículo argumenta que, anta el deficit habitacional que enfrenta Santiago y la carencia de nuevos suelos bien localizados donde construir, ese enfoque puede ser la solución.

Una ciudad que nos separa

Si bien existe un sinnúmero de variables que explican la segregación socioespacial en Chile, una de las principales causas radica en la desigual oportunidad de acceso a la vivienda – y, por ende, a la ciudad – entre los distintos grupos socioeconómicos (Sabatini y Brain, 2008). Esto es consecuencia directa de las políticas públicas neoliberales impulsadas en Chile durante la dictadura militar, que mantienen su esencia hasta hoy, resultando en la replicación de patrones de segregación y desigualdad en gran parte de las ciudades del país (Ruiz-Tagle y López, 2014; Agostini, 2010; Sabatini et al, 2001; Larrañaga y Sanhueza, 2007).

Así, Santiago continúa en un intenso proceso de transformación urbana cuya expresión más reciente y visible es la densificación masiva de barrios históricos por la construcción desmedida de edificios de gran altura, proceso que ha sido posible debido al protagonismo adquirido por el sector inmobiliario en el mercado de la vivienda, el que se ha aprovechado de la planificación neoliberal del suelo dadas las facilidades para su libre transacción. Esta situación ha traído básicamente dos consecuencias: primero, el alza generalizada de los precios del suelo y la generación de procesos de segregación socioespacial en base a la capacidad de pago (Encinas et al, 2019), donde sectores que antes tenían un mercado de suelo deprimido y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago, Chile muestran un espiral alcista de su valor; y, la segunda, un nuevo tipo de conflicto social entre capitalistas y habitantes desposeídos de capital cuyo objetivo es la ocupación y definición de los territorios urbanos (Hidalgo y Janoschka, 2014), donde los primeros terminan expulsando a los segundos hacia sectores degradados en la periferia de la ciudad y atrayendo a grupos socioeconómicos medios y altos a los barrios históricos. De esta forma, se establece un movimiento y recambio forzado de habitantes, suceso que es parte del proceso de gentrificación, definido como la transformación socioespacial de una zona urbana a través de la introducción de capital fijo en infraestructura y vivienda de mercado con el fin de propiciar la llegada de usuarios de mayor poder adquisitivo (Clark, 2005).

Por otra parte, desde 1978 la política de vivienda social, con la creación del subsidio habitacional, se ha enfocado en la producción masiva de viviendas para reducir el déficit habitacional. Este enfoque cuantitativo ha dejado en evidencia una serie de problemas asociados a la calidad de las viviendas, servicios y equipamiento de los entornos habitacionales (Rodríguez y Sugranyes, 2004), además de los problemas de inseguridad y exclusión, que se exacerban mientras más extensa y homogénea es la distribución de los conglomerados sociales en un área. Esto se relaciona directamente con el factor de localización y acceso a suelo urbano (Figura 1), en el que incluso medidas como el subsidio de localización no han generado mayores impactos, pues el mercado rápidamente internaliza la mayor capacidad de pago de los subsidiados a los desarrolladores inmobiliarios que rentabilizan ese suelo y traspasan los incrementos a la vivienda (Sabatini y Brain, 2008; ProUrbana, 2010; y Razmilic, 2010 en MINVU, 2015).

Figura 1. Localización de conjuntos de viviendas sociales construidos en el Gran Santiago entre 1973 y 2015, proyectos situados principalmente en la periferia, donde también se encuentran las concentraciones de conjuntos más grandes. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MINVU (2014), Tapia (2011) y Fundación Vivienda (2017).

El modelo

Para comprender la base del problema es necesario diferenciar el concepto de déficit habitacional respecto al de demanda de vivienda, atendiendo a que el primero refiere a un concepto social que busca un equilibrio entre número de familias y cantidad de viviendas, mientras que el segundo trata, más bien, sobre la capacidad financiera para acceder a una vivienda. Es fundamental comprender dichas distinciones, ya que algunos segmentos de la demanda no constituyen parte de las necesidades habitacionales, así como ciertos grupos de estas últimas no cuentan con los recursos suficientes para ser considerados como demanda (MacDonald, 1986, en MINVU, 2004). De ello se desprende que no siempre la construcción de una vivienda nueva es la solución más idónea para satisfacer las necesidades habitacionales, que son diversas, condición que ha llevado a la política pública a diferenciar el problema en dos tipos, el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo.

El modelo económico-político consignado en la constitución instaurada en 1981, con una fuerte componente subsidiaria, supone la reducción del déficit a través de la transformación de este último en demanda. Para ello se potencia un sistema que recurre a subsidios, los que inyectan recursos en familias pobres, transformándolas en entidades capaces de financiar una vivienda que pueden adquirir en el mercado inmobiliario social (Rivera, 2012). Mientras que otras familias que son parte del déficit, pero de mayores ingresos, acceden a la vivienda a través de mecanismos de financiamiento propio, tales como la utilización de créditos bancarios mediados por empresas inmobiliarias (Almarza, 1997).

Una de las principales consecuencias de este modelo de política habitacional es la masiva erradicación de familias hacia los sectores periféricos de la ciudad, generando guetos de pobreza institucionalizada en conjuntos habita-cionales de escaso valor arquitectónico y urbano, bajo la lógica de la vivienda como un mero activo financiero (Hidalgo et al, 2019; Rodríguez y Sungrayes, 2004) y de la familia como un reducido organismo mononuclear (Urrutia y Cáceres, 2020). Es decir, segrega socioterritorialmente la vivienda y, a la vez, distancia relaciones de parentesco entre las familias.

Otra de las consecuencias es el explosivo incremento de la ‘vivienda de mercado’, mejor localizada respecto al mercado laboral, pero de costos mucho más elevados, la cual excluye a un importante porcentaje de los hogares (López-Morales et al, 2019) y donde la reducción de las tipologías a la mínima superficie posible para crear y capturar a la demanda interesada ha provocado una alta precariedad habitacional, caracterizada por el dominio de unidades mononucleares y monoespaciales.

Esta perspectiva ‘mono’ de las familias y del espacio es una constante poco estudiada pero persistente de manera transversal, evidenciando la perpetuación de la tipología habitacional unifamiliar que no satisface el déficit de las familias extendidas y vulneradas. Así, nos enfrentamos a una ciudad que es reflejo de un sistema político-económico que segrega familiar, social y espacialmente de manera sistemática tanto a través del modelo global de la política habitacional subsidiaria del Estado como a través del mercado inmobiliario que opera en un marco liberal de laxa regulación.

Figura 2. Muestra de plantas de departamentos ofertados en la comuna de Santiago durante el año 2019 y su comparación a escala con la planta de una mediagua, donde es posible apreciar que, en términos espaciales y de superficie, prácticamente no hay diferencias con una vivienda de emergencia. Fuente: Elaboración propia en base a Fuentes (2020).

Eludir las reglas para convivir

La segregación socioespacial y familiar generada por la acción sistemática del Estado y el mercado durante las últimas décadas ha violentado pasivamente a cientos de miles de familias que, buscando el sueño de la casa propia, terminaron en la pesadilla de la marginalización. Es por ello que, a pesar de no contar con la ayuda oficial del sistema para vivir adecuadamente en sus barrios y con sus familiares, se generan alternativas fuera de la ley, evadiendo el conjunto de normas, mecanismos, programas y estándares formalmente disponibles que no satisfacen las necesidades para un habitar digno, ya que si bien podrían acceder en propiedad a una vivienda nueva a través del Estado, deben prescindir de los beneficios de la ciudad (Urrutia et al, 2019); mientras que si acceden formalmente a sectores céntricos de la ciudad, la alternativa es un departamento minúsculo o el arriendo grupal, generando además altos niveles de hacinamiento. Frente a ese escenario de urgencias y limitadas alternativas, aparece la oportunidad de hacer frente al problema de la insuficiencia de la oferta mediante la creación de estrategias de localización basadas en la adaptación tipológica de una arquitectura habitacional que respete la necesidad de coexistencia de una red de apoyo manifestada en la esencia polinuclear de las familias.

Una de las pistas que devela esta estrategia alternativa es el fuerte incremento de los hogares allegados en Santiago desde el año 2003 hasta la actualidad, según muestran los registros de la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica (CASEN) del Ministerio de Desarrollo Social (2017). Los hogares allegados representan un 60,3 % del déficit nacional, siendo el mayor componente del problema habitacional en Chile, donde se hacen palpables la renuncia voluntaria a las vías formales de acceso a la vivienda y el cómo las familias responden mediante estrategias de cooperación, complementariedad y sobrevivencia (Araos, 2008; Urrutia et al, 2016).

Dentro de este fuerte crecimiento de las familias en situación de allegamiento en Chile, la Región Metropolitana es donde se encuentra la mayor concentración. Este fenómeno no posee una distribución homogénea en la ciudad, tal como plantean Gómez y Correa (2019), quienes identifican diferentes focos de carencia habitacional en el Gran Santiago vinculados tanto a las políticas habitacionales de antaño (operaciones sitio en los años sesenta y setenta) como aquellas al alero de la subsidiariedad (viviendas sociales en altura de los ochenta y noventa), siendo el más llamativo de todos el cordón de allegamiento que se desarrolla en torno al ‘anillo pericentral’ delimitado por todas las comunas del sector norte, poniente y sur de la ciudad que colindan con el anillo de Américo Vespucio (Recoleta, Renca, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, El Bosque, San Ramón, La Granja y Peñalolén). Precisamente, este grupo de comunas acoge cerca del 60,5 % de todas las familias que requieren de una vivienda en la región, con una predominancia de familias en situación de allegamiento (Gómez y Correa, 2019).

Figura 3. Estimación de la concentración de puestos laborales formales para el Gran Santiago en 2017. Se aprecia una clara focalización en el sector centro y oriente de la ciudad. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Impuestos Internos (2017).

Figura 4. Distribución espacial de hogares en situación de allegamiento. Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2017 (INE, 2017).

La ubicación de estos grupos en áreas pericentrales de Santiago y su organización bajo la estrategia de arreglos familiares ayudan a explicar y comprender la necesidad de localizarse lo más cerca posible de las fuentes laborales y de los beneficios que brinda la ciudad a través de sus equipamientos y servicios, oportunidades difíciles de acceder a través de la oferta formal de vivienda. En este contexto, dentro del fenómeno de allegamiento aparecen las estrategias de corresidencia como una respuesta natural a la ineficiencia e insuficiencia de las soluciones habitacionales provistas por el mercado y el Estado. Así, se hace visible la potencialidad del ingenio humano como solución y resistencia a las fuerzas segregadoras y precarizadoras del modelo político-económico (Urrutia y Cáceres, 2019).

Como consecuencia, aparecen los arreglos residenciales de corresidencia como estrategias para vivir juntos (Urrutia y Cáceres, 2020), donde dos o más hogares (generalmente con vínculos sanguíneos de por medio) deciden compartir un mismo predio o vivienda como una forma de compartir gastos, por sobrevivencia o por simple tradición familiar. Esto también deja ver que la oferta de vivienda privada masificada no es accesible a ellos por barreras financieras (Gómez y Correa, 2019) y el poco interés de vivir lejos de la ciudad o en una tipología de vivienda que no considera las condiciones de las familias numerosas.

Esta manera informal de vivir implica grandes cambios a lo que tradicionalmente se ha entendido como allegamiento, situación que si bien contempla una serie de precariedades y condiciones indeseadas de habitabilidad, también posee elementos valiosos y deseables en allegamientos funcionales, en los que no hay una relación de subordinación entre allegado y propietario, ni tampoco de dependencia unidireccional, sino ante una situación de jerarquía diluida donde grupos residentes de la vivienda dependen mutuamente entre sí, se colaboran en la cotidianeidad y mimetizan como un solo clan de relación horizontal y simétrica, que tiene un alto valor en cuanto a capital social, una dimensión del habitar que es más apropiado denominar como corresidencia en vez de allega-miento. Este tipo de convivencia naturalmente discrepa de las imperantes formas arquitectónicas mononucleares, estandarizadas y segregadas, generando disonancia entre la oferta habitacional convencional y la real dinámica residencial en coexistencia de las familias más vulnerables.

Figura 5. Plantas de viviendas con allegamiento en la comuna de El Bosque. Levantamiento de viviendas en el barrio Eduardo Frei Montalva en el marco del Taller Integrado de Vivienda Colectiva UC-UCH de los profesores Rodrigo Tapia, Mónica Bustos, Cristian Robertson y Juan Pablo Urrutia. En ellas se observa cómo el crecimiento de las familias altera la forma original de una vivienda mononuclear a través de ampliaciones, e incluso adaptaciones, para dar cabida a espacios de trabajo.
Fuente: Imagen de Luciano Cuq, Javier Jipoulou y Felipe Pizarro.

Precisamente, se estima que dentro de las estrategias desarrolladas por familias en situación de allegamiento, que representan más del 90 % del déficit habitacional cuantitativo en Chile (Fundación Vivienda, 2018), se puede encontrar una gran cantidad de alternativas para vivir dentro de esta ciudad que produce grandes stocks de vivienda social y privada, pero sin considerar las verdaderas necesidades espaciales y arquitectónicas de dichas familias, quienes han desdibujado todos los límites y técnicas de la arquitectura convencional (o, mejor dicho, de la arquitectura inmobiliaria) para desarrollar diseños y construcciones que responden al desafío de que dos o más familias compartan el mismo techo como una estrategia de corresidencia.

Figura 6. Vivienda con allegamiento en la comuna de Lo Prado. Levantamiento de viviendas en el barrio Manuel Rodríguez en el marco del Taller Integrado de Vivienda Colectiva UC-UCH de los profesores Rodrigo Tapia, Mónica Bustos, Cristian Robertson y Juan Pablo Urrutia durante el primer semestre del 2019. En ella se aprecia cómo a partir de una caseta sanitaria la vivienda se amplía y extiende para dar cabida a las nuevas familias que se van creando dentro del grupo original.

Esta estrategia manifiesta un correlato de resistencia espacial a través de la arquitectura con inspiradoras formas de cómo vivir juntos que, si bien es a través de estructuras precarias, contienen el germen de una nueva perspectiva para entender el habitar, para residir en un territorio donde los límites de la propiedad, la vivienda, la familia, la comunidad y el barrio se desdibujan, ofreciéndonos nuevas alternativas de concebir la manera en que vivimos (Urrutia y Cáceres, 2020), interpelando modelos económicos y políticos que promueven el individualismo a través de la producción masiva y estandarizada de vivienda unifamiliar e individual, como lo indica Jarvis (2013) para el caso de la comunidad de Christiania en Copenhague, donde las personas se sienten atraídas a una forma colaborativa y comunitaria como alternativa al modelo capitalista y sus efectos en un contexto neoliberal. Las formas habitacionales convencionales son cuestionadas a la luz de estas expresiones desde la informalidad, las que plantean pistas para repensar nuevas arquitecturas (solidarias, dinámicas, difusas, polivalentes, comunitarias y rebeldes) ante los modelos predefinidos.

Por tanto, dentro del problema del allegamiento yace la esencia de su misma solución, una estrategia para consolidar tejidos sociales y mantenerse cerca de áreas céntricas, medida utilizada como último recurso por las familias ante una oferta formal que segrega y empobrece. Este germen de una nueva forma de habitar existe de manera formal e institucionalizada en otras latitudes, donde la corresidencia es una opción apoyada e incluso fomentada por el Estado, lo que sin duda garantiza libertad de elección a pesar de los recursos con los que se cuente.

Así es como en Europa existen variadas iniciativas colectivas de familias que, ante la escasa oferta del mercado, crean arreglos residenciales como alternativa (Tummers, 2015; Czischke et al, 2020), como son el Habitat Participatif (Francia), Baugruppen (Alemania) o el Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (Holanda), generando con ello nuevas definiciones habitacionales donde se enfatizan las nociones de colaboración y autogestión de microcomu-nidades. Ideas que, por su enfoque, contienen una fuerte perspectiva de género dado que el rol tradicional hetero-normado de la mujer desaparece en las configuraciones de vivienda colaborativa, ya que el cuidado de niños o labores domésticas que normalmente son asociadas a la mujer son asumidas entre los diferentes integrantes del grupo gracias a la proximidad residencial, acceso laboral y acuerdos consensuados de vida comunitaria. Esto ha sido entendido como vivienda ecofeminista (Jarvis, 2013), pues la optimización del uso del suelo, espacios y recursos constituyen, además, una fuerte contribución al medioambiente a través de la disminución del consumo y la contaminación.

Inadvertidamente, los tejidos sociales en Santiago, conscientes del valor de la vida en comunidad, han devenido en una forma de resistencia a las fuerzas segregadoras a pesar de las ofertas del Estado y el mercado. Grupos afiatados por vínculos familiares y sociales fueron generando arreglos residenciales que les permitieron vivir juntos y, a la vez, garantizar su permanencia en áreas centrales de la ciudad, lo que sin duda no significa que estén en una condición ideal, sino que, como cualquier forma de resistencia, sigue siendo a contracorriente y llena de vulnerabilidades que deben ser atendidas y consideradas desde las políticas habitacionales.

Justamente, esta concentración de familias en situación de allegamiento dentro del anillo pericentral de Santiago – y de otras ciudades del país – da cuenta de cómo el allegamiento no sólo es una mera estrategia de sobrevivencia (ante los altos valores del arriendo o las barreras para acceder a un crédito hipotecario) o de cooperación (para apoyarse en actividades como el cuidado de familiares), sino también una estrategia de corresidencia cuando se da funcionalmente, donde los factores anteriores se combinan y complejizan como una respuesta ante las barreras de acceso a la vivienda formal, para lo cual no sólo cooperan en la reducción de gastos del hogar, sino que resisten a las políticas habitacionales o al mercado privado.

Más allá de las diferencias entre los grupos extremos en ingresos económicos, es importante comprender que para el 70 % de la población no queda otra alternativa que optar (cuando es posible) por recibir un beneficio del Estado en forma de vivienda (Hurtado, 2019) que si bien genera propietarios, los segrega y aleja. O bien acceder a la oferta del mercado vía arriendo (porque no hay dinero suficiente para la compra) que acerca a zonas centrales, pero precarizando y endeudando.

El coexistir en grupos familiares extensos abre una tercera vía que se resiste a la oferta formal, permite mejor localización que la vivienda social tradicional, evita recurrir al arriendo precario para acercarse a las áreas centrales, y consolida redes sociales y familiares. Todo ello gracias a la alteración tipológica de la vivienda, que si bien ocurre de manera informal – con todos los problemas que ello acarrea -, presenta una idea que podría constituir las bases de un enfoque alternativo en política para la gran mayoría de personas que componen el déficit habitacional (por ejemplo, estrategias de microrradicación), cuestionando y repensando elementos tan básicos como lo que entendemos por alcance y extensión de familia y vivienda, que por décadas han mutado aparentemente de forma invisible ante los ojos de quienes discuten, piensan y diseñan las políticas habitacionales.

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Juan Pablo Urrutia

<jpurrutia@uchile.cl>
Arquitecto, Universidad de Chile, 2008. Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios, Universidad de Chile, 2011. MPA, London School of Economics and Political Science, Londres, y Master in Public Affairs, Sciences Po, París, 2014. Editor de los libros Guía para la formulación de planes maestros integrales de recuperación de barrios y viviendas (2017) y Estrategias de co-residencia. Tipologías de vivienda informal para familias extensas (2019). Fue cocurador de la XXI Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile 2019. Actualmente es profesor asistente del Instituto de la Vivienda y jefe de carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile.

Juan Correa

<juan.correaparra1@gmail.com>
Geógrafo, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013. Diplomado en Métodos Cuantitativos en Investigación, Universidad Diego Portales. Su trabajo aborda la desigualdad urbana, segregación, políticas de vivienda social, bienes públicos urbanos e indicadores en Sistemas de Información Geográfica. Fue coordinador de investigación aplicada en Fundación Vivienda (2017-2020) y docente invitado en la Universidad de Chile. Actualmente es investigador del Centro de Producción del Espacio en la Universidad de las Américas.

Isabel Alt

<isabel.alt@ug.uchile.cl>
Arquitecta, Universidad de Chile, 2017. Magíster en Urbanismo, Universidad de Chile, 2020. Fue coordinadora de la Escuela de Postgrado (2017) y jefa de gabinete (2018-2019), en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Ha participado en distintos proyectos de investigación como editora y coordinadora del área de urbanismo, y ha sido ayudante en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.