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¿Es la Constitución una casa? ¿Cómo es su arquitectura? Arquitectura constitucional

Alfredo Jocelyn-Holt

Profesor, facultades de Derecho, Filosofía y Humanidades e Ingeniería, Universidad de Chile, Santiago, Chile

El domingo 10 de noviembre de 2019, veinticuatro días después de iniciado el estallido social en Chile – y tras una reunión en la casa del presidente – el ministro del Interior declaró que «la constitución es la ley más importante, es la casa de todos y tiene que ser ratificada por la ciudadanía, para que pueda ser el nuevo cuerpo, la nueva casa que nos cobije por los próximos años». El que la segunda autoridad del gobierno haya utilizado una analogía arquitectónica para explicar el significado de una constitución, nos permite pensar en la arquitectura de esta nueva carta magna. ¿Cuáles son las fundaciones de esa «casa de todos»? ¿Qué tan grande debe ser? ¿Se necesita una casa nueva o sólo una remodelación? En suma, ¿cómo es su arquitectura? Con esas preguntas abrimos el debate de este número de ARQ sobre Leyes.

Curioso que el ministro del Interior recurra a la arquitectura para referirse a nuestra carta magna, aunque ya antes, Patricio Zapata, conocido constitucionalista socialcristiano, había titulado su libro sobre el proceso constituyente en curso sirviéndose de la misma imagen: la «casa de todos». Es que el término no deja de ser equívoco, sibilino de todas maneras.

Uno piensa qué se quiere decir con esta expresión y se viene a la mente un templo laico (no, precisamente, la ‘casa del Señor’). En ningún caso un hogar, una ‘casa solar’, mansión vinculada a un linaje noble (‘casa real’, ‘casa grande’ o señorial); ni digamos que un lugar de diversión (public house o taberna, casa ‘de recreo’ o ‘de citas’), ni tampoco una tumba – en tanto ‘última morada’ -. Dudoso también que se trate de un equivalente al tambarán de las tribus de Nueva Guinea, o a la ‘casa larga’ de los iroqueses (demasiado antropológico), aunque quién sabe, hoy todo es posible (dicen). No es impensable, sin embargo, que se esté conjurando algo así como un lugar de socorro, proveedor de protección o asilo, una iglesia, o una logia masónica. La francmasonería es especialmente dada a postular normas y creer que con reglas, escuadras y compases se puede recrear el universo. Vibra con auras e irradiaciones de algún espíritu tenido por común, incluso cósmico y, de hecho, que Gonzalo Blumel descienda de Enrique Mac-Iver, gran maestro, y de un lonko mapuche, o veranee en familia nada menos que en Constitución, puede que incida en su elección de metáfora.

Preocupante, igual, puesto que semejante seudosacralización se topa con objeciones aterrizadas, potentes, propias de nuestra tradición constitucional laica. Desde luego, la vertiente que nos viene de Montesquieu, como también esa otra que hace hincapié en el acervo foral medieval (ibérico en nuestro caso), desconfían de un monismo esencialista. En efecto, se habla de un «espíritu de las leyes»,

pero referido a múltiples ánimos detrás de distintos regímenes (monárquico, republicano y despótico) y la valoración de parlamentos o cortes del reino, convocados para cursar gravámenes, persiste hasta hoy. Su objeto no es otro que equilibrar y moderar al poder real. Esto porque el liberalismo, cuanto más irreprochable en su afán por establecer límites, desconfía de la soberanía en tanto poder supremo (eventualmente de la popular, no sólo la variante regia absolutista o personalista carismática). De ahí que se mire con recelo la participación directa y mayoritaria – democrática – prefiriéndose a ciudadanos moralmente conscientes, sólidos, no a cualquiera, debidamente facultados para gobernar y representar, sospechándose asimismo de la planificación, recurso de Estados todopoderosos (totalizantes en la medida que nos movemos al siglo XX desde el rousseaunismo jacobino). Más afín, este parlamentarismo, a prácticas institucionales y jurídicas, oligárquico su sesgo social, que a un dirigismo constructivista ansioso de hacer tabula rasa, preferir ‘hojas en blanco’ y pretender comenzar desde cero.

Nuestras repúblicas hispanoamericanas se instauran después de que colapsa el absolutismo y se produce un tremendo vacío. ¿Quiénes, por tanto, si no oligarquías patricias, suspicaces tanto de burocracias estatales como de posibles mayorías con nula experiencia de poder, podrían haberse hecho cargo de la situación una vez que se esfuman la monarquía y aparato ministerial? Es que difícilmente podría haberse optado por una línea revolucionaria. De ahí que se aceptara funcionar en hemiciclos parlamentarios, sentados unos y otros a la derecha o izquierda del espectro político según sus adhesiones locales, religiosas, crecientemente ideológicas, y que se admitieran constituciones para justamente canalizar conflictos entre elites; de lo contrario, podían generarse cesarismos despóticos acompañados de grupos alzados tradicionalmente privados de participar. Estas constituciones para nada se han tenido como solución permanente; en América Latina llevamos 250 a la fecha.

¿Es que se trataría, entonces, de castillos de naipes, construcciones efímeras, ‘repúblicas de aire’ no suficientemente representativas? En Chile, definitivamente, no. Por el contrario, nuestro experimento más exitoso – la Constitución de 1833 – perduró durante dos tercios de sus 92 años gracias a que se dejó atrás su texto original, se admitieron reformas, incorporó gradualmente a más sectores políticamente organizados, marginó a militares del poder, y se evitaron disyuntivas plebiscitarias como las que azotaron a las dos constituciones posteriores – de 1925 y 1980 – en coyunturas críticas (1964, 1970, 1973, 1980, 1988 y de nuevo ahora en 2020). ¿Volviéndonos, en esa trayectoria exitosa, más soberanos y democráticos, y convirtiendo nuestra carta magna en una supuesta «casa de todos»? Para nada. Más bien, perfeccionando una creciente institucionalización acompañada de un ánimo favorable a canalizar conflictos por la vía política, entendida como ingeniería y diseño arquitectónico antisísmico, apostando por el pluralismo y la negociación entre partidos. Montesquieu seguramente hubiese aprobado nuestro récord histórico decimonónico, habiendo primado el espíritu de las leyes, más que leyes mismas.

El símil arquitectónico no es válido en otro sentido. No existen entre nosotros modelos de edificios que congreguen a toda la comunidad. Vicuña Mackenna describía el Santiago colonial como una ciudad de templos, así en plural, de conventos y congregaciones que se andaban dando puñetes entre ellos, incluso incendiándose unos a otros, no de un único templo como Jerusalén o La Meca. Nuestra catedral nunca ha logrado ser equivalente a Chartres o Notre Dame. Ninguno de nuestros edificios públicos ha sido ‘de todos’. Es el palacio del Gobernador, de la Audiencia, de La Moneda (del Ejecutivo), del Congreso. De modo que tampoco es que haya una tradición que anticipe semejante hermandad progresista, participativa universal, como la imagina Blumel.

«Damos forma a nuestros edificios y luego nuestros edificios nos dan forma», afirmaría Winston Churchill cuando abogó por reconstruir la sala de los Comunes destruida durante el Blitz (no hacer otra nueva semicircular). Vista la lógica constitucional chilena, es posible que Churchill tampoco hubiese objetado lo que hemos logrado a la fecha, fruto de ensayo y error, corrigiéndonos, pragmatismo mediante, en el camino. Y es que la historia política no es tan distinta a la de la arquitectura. Hasta las más notables obras devienen en ruinas, construcciones inservibles, adquieren otros usos que los originalmente presupuestados o se vuelven anacrónicas. Pero ahí están, son admirables, sirven de modelo, y ¿han sido superadas?

Alfredo Jocelyn-Holt

<alfredo.jocelynholt@gmail.com>
Historiador, D. Phil. Universidad de Oxford, Reino Unido; B.A. Historia del Arte, y M.A, en Estudios Humanísticos, Universidad Johns Hopkins, EE.UU. Autor de Una historia general de Chile (tres de seis volúmenes a la fecha) y La casa del museo: la casa Yarur Bascuñán de Vitacura y Museo de la Moda (2018). Actualmente es profesor de las facultades de Derecho, Filosofía y Humanidades e Ingeniería, Universidad de Chile.