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La vegetación como sujeto de derechos. Naturaleza como sujeto de derechos. Reconocimiento legal más allá de lo subjetivo

Paloma Infante

Profesora, Magíster de Derecho Ambiental, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile

La vegetación no sólo forma parte de la categoría ‘seres vivos’, sino que además es uno de sus principales protagonistas en cuanto permite que los demás miembros vivan. Sin vegetación, la Tierra sería irrespirable, tal como miles de otros planetas inertes del universo.

Pero, a pesar de ese rol clave en el encadenamiento de circunstancias que permitió el surgimiento y la mantención de la vida en la Tierra, la vegetación no siempre está protegida ni tiene derechos inalienables. Más bien, en los últimos siglos de desarrollo voraz, ha sido entendida como un recurso a ser explotado, instrumentalizando su rol al servicio de la especie humana e industrializando su presencia sobre la faz de la Tierra. Sólo se le ha protegido en función de zonificaciones especiales – reservas – como si sólo sirvieran de respaldo cuando ya no quede nada más por explotar.

Es por esto que, en el debate de este número de revista ARQ, preguntamos por la posibilidad de que plantas y árboles puedan considerarse sujetos de derecho, sobre todo con la nueva constitución como horizonte. A partir de eso, nos podemos cuestionar, además, si aquellas entidades más que humanas pueden también poseer una subjetividad legal que las proteja en sí mismas y no sólo bajo la categoría de ‘reserva’.

Es indiscutible que la crisis ambiental se ha hecho transversal y que deben tomarse acciones inmediatas para frenarla. En Chile, la pandemia y la reforma constitucional han puesto al actual sistema en jaque y deben tomarse decisiones concretas y urgentes. Ante esto, uno de los grandes debates ambientales es si la naturaleza puede ser sujeto de derechos reconocidos constitucionalmente. Lo anterior abarca bastante más que la mera discusión respecto de si esta puede entenderse como un ente tutelado por el ordenamiento jurídico, ya que aborda un cambio de paradigma donde los diversos aspectos regula-dos en torno al medioambiente ya no podrán ser tratados ‘por partes’ – agua, bosques, emisiones, economía, comunidades -, sino que deben entenderse como un todo interrelacionado que confluye en la naturaleza.

Lo anterior llevará a repensar la relación entre medioambiente y economía, por supuesto, pero también entre naturaleza y derecho («eco-legal breaking points» como la ha llamado el Comité Económico y Social de la Unión Europea).

En este contexto, que busca relevar la importancia del medioambiente y adecuar la posición del ser humano como una más de las partes de un sistema complejo de relaciones de cuidado, uno de los primeros temas a dilucidar es si la naturaleza puede, en sí misma, ser sujeto de derechos, para demostrar que entenderla legalmente como un objeto ha contribuido a la degradación de los ecosistemas.

No cabe duda de que una de las principales discusiones de la Convención Constitucional estará relacionada a los derechos fundamentales. Nuestra carta fundamental vigente establece en su artículo 19 un listado de derechos reconocidos a «todas las personas», abriendo el debate sobre la naturaleza como sujeto de derechos desde un eje ecocéntrico. Actualmente, el único artículo que hace referencia al medioambiente es el 19, Nº 8 asegurando a todas las personas «el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación», desde una perspectiva de protección hacia la persona.

Concebir a la naturaleza como sujeto de derechos constitucionales plantea dotarla de un estatuto de protección que puede ser tutelado frente a órganos jurisdiccionales. Lo anterior encuentra precedentes en ordenamientos jurídicos extranjeros. Así, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana establece: «La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos». Por su parte, Nueva Zelanda reconoció los derechos del río Whanganui a partir de un conflicto con comunidades locales, a quienes designó como sus guardianes.

Las ventajas de reconocer a la naturaleza como un ente dotado de derechos tienen, en primer lugar, relación con fomentar el cambio de paradigma hacia un sistema jurídico en el que todo está interconectado y en donde deben asumirse políticas públicas transversales (es decir, no sirve fomentar las energías renovables si su desarrollo genera conflictos locales por no haber claridad en el ordenamiento territorial). Asimismo, el reconocimiento legal de la protección a la naturaleza genera un efecto psicológico en la sociedad. Tal como dice Godofredo Stutzin, «se respeta a quien goza de derechos, mientras que se desprecia a quien carece de ellos», lo que a su vez fomenta un cambio cultural, desde los tomadores de decisiones, las empresas y la misma sociedad civil.

No obstante, desde una perspectiva legal tradicional, la discusión no ha estado exenta de debate, ya que concebir derechos a entes que carecen de cierta personalidad que les permita, por ejemplo, defenderse implica que se requerirá la intercesión de personas y, consecuentemente, habrá de manera inevitable una vinculación de intereses. Tampoco queda clara cuál sería la diferencia entre dotar a la naturaleza de un carácter subjetivo y fortalecer el reconocimiento constitucional del derecho a vivir en un medioambiente sano o equilibrado, en términos similares a los que se reconocen actualmente. Se suma a lo anterior el argumento de algunos que indican que la conservación, protección y restauración de la naturaleza pueden ser con-sagradas a través de principios o bases constitucionales, sin necesidad de otorgarle derechos subjetivos.

Si bien existen posiciones a favor y en contra, lo cierto es que la protección del medioambiente se ha instalado en el centro del debate nacional y atrás han quedado los días en que nuestras cortes entendían que sólo podían recurrir los vecinos directamente afectados o que, si no había norma que regulara un contaminante, no podía haber contaminación. Actualmente hay reconocimiento jurisprudencial, social y político respecto de la preservación de nuestro planeta para el presente y para las futuras generaciones, del principio pro natura, del principio precautorio y de la responsabilidad que todos los actores en la sociedad tienen respecto del impacto de sus acciones. Quedará para el debate constituyente el modo de consagrar lo anterior y el lugar en que decida ubicarse a la persona humana.

PALOMA INFANTE

Abogada, Universidad de Chile. Máster en Derecho Ambiental, NYU. Actualmente es directora del área de Regulación y Medioambiente de Morales & Besa y anteriormente fue fiscal del Ministerio del Medio Ambiente. Es miembro de la Comisión Medioambiental del Colegio de Abogados y profesora del Magíster de Derecho Ambiental, Universidad del Desarrollo.